Declaratorias de emergencia para Quintana Roo, Yucatán y Campeche

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A solicitud de los gobernadores de los estados en la Península: Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Mauricio Vila Dosal de Yucatán y Carlos Miguel Aysa González de Campeche, la Coordinación Nacional de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, emitió sendas Declaratorias de Emergencia para cada una de estas entidades.

En conjunto serán un total de 41 municipios los que recibirán recursos para atender a la población que resultó afectada por las lluvias severas e inundaciones pluviales a causa del paso de la tormenta tropical “Cristóbal” sobre el territorio peninsular.

Por Quintana Roo los 4 municipios que recibirán ayuda inmediata son: Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco.

En el estado de Yucatán los 26 ayuntamientos que tendrán apoyo de la federación son: Akil, Chacsinkín, Celestún, Chocholá, Dzilam de Bravo, Halachó, Hunucmá, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Muna, Opichén, Peto, Progreso, Samahil, Santa Elena, Tahdziú, Tekax, Tecoh, Tetiz, Ticul, Telchac Puerto, Tzucacab, Ucú, Valladolid y Yaxcabá.

Por Campeche recibirán apoyos 11 municipios: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo.

“A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada”, indicó la dependencia federal.

El FONDEN es un instrumento financiero que tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Actualmente, este fondo de apoyo para casos de desastres naturales está contemplado en una iniciativa legislativa que pretende desaparecer 44 fideicomisos y utilizar sus recursos disponibles para utilizarlos en el combate al COVID 19.

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